Boletín RedLAM #9

Histórico aporte de la sociedad civil en Argentina: el INPI rechazó la patente de dos medicamentos esenciales para el VIH/SIDA

En dos decisiones que representan un avance en el resguardo del derecho a la salud el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) argentino desestimó la solicitud de patente para el medicamento antirretroviral tenofovir-emtricitabina (TDF-FTC, conocido por su nombre comercial Truvada®) presentada por la compañía farmacéutica multinacional Gilead y rechazó dos solicitudes de patente que la empresa AbbVie pretendía sobre la combinación de lopinavir/ritonavir (nombre comercial Kaletra®). Ambas decisiones se dieron a conocer entre mayo y junio pasados.

La Fundación GEP participó en el primer expediente mediante la presentación de una oposición a la patente en abril de 2015, remarcando que la solicitud no cumpe con los requisitos legales para que la patente sea concedida. Las pruebas presentadas por GEP forman parte de la justificación de los examinadores del INPI para la desestimación de la solicitud de Gilead, que en sus palabras “no se adecúa a los requisitos legales y reglamentarios” para merecer una patente. Asimismo, GEP aportó argumentos decisivos al segundo expediente en 2015 a través de otra oposición a la patente, probando que también en este caso las solicitudes incumplían los requisitos legales básicos y sólo buscaban extender ilegítimamente el monopolio de AbbVie sobre el medicamento hasta 2025.


La Comisión de Salud del Congreso de Perú declara de interés público el medicamento Atazanavir

De acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil peruana que trabajan para favorecer el acceso al antirretroviral atazanavir, la decisión tomada por los legisladores el 24 de mayo es un gran avance en tanto representa un paso previo requerido para la emisión de una licencia obligatoria que permita el ingreso de competencia al mercado y la existencia de versiones genéricas asequibles que no comprometan la sustentabilidad de los programas de salud.Se espera que en último termino la medida permita:

– Romper el monopolio de Bristor Myers Squibb sobre su producto REYATAZ, que ha costado al Estado Peruano más de S/.75 millones de sobregasto en los últimos cuatro años.

– La Licencia Obligatoria, medida que los parlamentarios ven con optimismo, frente al abusivo precio del medicamento atazanavir.

– Que instituciones públicas y gremios como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Colegios Profesionales Farmacéutico y Medica den opinión favorable.

 

 
 

Impulsado por la sociedad civil argentina, el proyecto para la nueva Ley de VIH/sida, hepatitis virales e ITS obtuvo dictamen en Comisión de Salud de Diputados

Con la presencia en el recinto de numerosos representantes de redes de personas con VIH y otras organizaciones de la sociedad civil argentina con trabajo en VIH, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable el 13 de junio al proyecto para una nueva Ley nacional de VIH/sida, hepatitis virales e ITS que las mismas impulsan. La enorme importancia del caso reside en la necesidad de modificar la ley 23.798 actualmente vigente, que fuera efectiva en su momento pero hoy resulta insuficiente y atemporal.

El proyecto que obtuvo dictamen de comisión, y que es el resultado de un proceso de análisis, debate y elaboración que llevó más de dos años, fue liderado por los distintos colectivos y organizaciones que trabajan en VIH. La reforma incorpora a las hepatitis virales y a las infecciones de transmisión sexual (ITS) declarando de interés nacional sus tratamientos y la participación activa de las personas con VIH como socios indispensables en la respuesta a las epidemias. Además, provee de instrumentos fundamentales de protección que permitirán asegurar el acceso universal y garantizar la sustentabilidad de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos de manera oportuna en todos los subsistemas de salud.

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El GTPI/Rebrip divulgó carta abierta a Marcos Pereira, Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil

El GTPI/Rebrip divulgó el pasado 24 de julio una carta abierta al ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y Servicios (MDIC) de Brasil, Marcos Pereira, exponiendo su preocupación por la propuesta del decreto que pretende acelerar la concesión de patentes visando el fin de la acumulación de pedidos (backlog). El grupo argumenta que la medida, llamada “solución extraordinaria”, atenderá a los intereses de empresas transnacionales, concediendo patentes para pedidos que no tengan mérito, poniendo en segundo plano el interés público.

La carta se alinea con otras manifestaciones como el artículo publicado por el jurista Pedro Marcos Barbosa y la carta enviada también al ministro Marcos Pereira por la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Afinpi)

Lee el texto completo de la misiva al funcionario en este enlace.

IFARMA y otras organizaciones de la sociedad civil exigen públicamente que la declaración de interés público para Imatinib en Colombia no sea limitada por intereses comerciales

Las organizaciones emitieron un comunicado el 26 de julio afirmando que “Después de un largo proceso, caracterizado por las presiones de las multinacionales farmacéuticas y sus amigos del país y del exterior, el año pasado el Ministerio de Salud resolvió favorablemente la solicitud de Ifarma, Misión Salud y el CIMUN de la Universidad Nacional de emitir una Declaratoria de Interés Público (DIP) en favor del Imatinib (Glivec de Novartis) y estableció un sistema de control de precios para medicamentos declarados de interés público, lo que hace posible la reducción del precio de productos con precios escandalosos. Acto seguido el Gobierno redujo el precio del Glivec en un 44%, lo que significa bajar el costo del tratamiento en cerca de 24 millones de pesos y un ahorro para el sistema de salud de más de 14.000 millones de pesos anuales”.

Sin embargo, en abril de este año se firmó el decreto 670 que elimina las DIP con control de precios y hace casi imposible la emisión de licencias obligatorias. Las organizaciones denuncian que el decreto es “Ilegal por procedimientos fraudulentos, falsa motivación y engaño, además de un castigo para el MinSal por haber fijado precio a un medicamento patentado declarado de interés público” y reclaman su inmediata derogación.

Lee el comunicado completo de las organizaciones en este enlace.

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