Llamado a defender la licencia obligatoria de dolutegravir en Colombia

Llamamos a defender la licencia obligatoria de dolutegravir en Colombia

17 de julio de 2024

En un esfuerzo significativo por mejorar el acceso a tratamientos efectivos para el VIH en Colombia y con el impulso de la sociedad civil, el gobierno colombiano emitió una licencia obligatoria sobre dolutegravir, la que ha quedado firme por la Resolución 34716 de la Superintendencia de Industria y Comercio de fecha 28 de junio de 2024.

Esta última resolución de la Superintendencia confirma la decisión tomada por ese organismo en fecha 23 de abril (Resolución 20049) que fue objeto de reposición por las multinacionales SHIONOGI & CO LTD y ViiV HealthCare Company y en la que se resolvió: “OTORGAR al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL una licencia obligatoria por razones de interés público sobre la patente de invención con certificado N°1887, concedida a la solicitud N° 07115501A, que comprende el principio activo dolutegravir, titulada “DERIVADO DE CARBAMOILPIRIDONA POLICICLICO QUE TIENE ACTIVIDAD INHIBIDORA DE LA INTEGRASA DEL VIH”, la cual estará destinada única y exclusivamente al uso gubernamental.

De esta manera quedó habilitada la posibilidad de que el Ministerio de Salud de Colombia proceda a la compra inmediata de este medicamento. Actualmente, el precio mensual de la versión patentada de dolutegravir es de US$98 por 30 tabletas, frente a la versión genérica disponible que tiene un precio de US$3,53. Esta drástica reducción permite suministrar tratamiento a 27 personas comparado con un tratamiento a precio del titular.

Aplaudimos a Colombia por su esfuerzo y rechazamos categóricamente el ataque judicial que llevan adelante las corporaciones farmacéuticas multinacionales asociadas en AFIDRO mediante la cual pretenden la declaración de nulidad de la licencia obligatoria pertinentemente emitida.

La comunidad organizada y las organizaciones con trabajo en VIH y los Derechos Humanos exigimos a AFIDRO, particularmente GSK-ViiV y las demás compañías farmacéuticas que la componen, retiren la demanda judicial iniciada y se abstengan de obstaculizar las políticas públicas soberanas que buscan proteger el derecho a la salud de las personas con VIH que necesitan de forma urgente acceder a los tratamientos que salvan vidas.

Los medicamentos son bienes públicos, no son mercancías.

GSK-ViiV, ¡Abandonen el caso!